Hito de la cooperación judicial internacional
A finales de noviembre de 2018, Carla Stefaniak — turista estadounidense de origen venezolano — viajó a Costa Rica para celebrar su cumpleaños y se hospedó en una propiedad de alquiler vacacional (Airbnb) en San Antonio de Escazú. Pocos días después fue reportada como desaparecida. Su cuerpo apareció sepultado y cubierto de plástico a pocos metros de la edificación turística, en circunstancias que sugerían un crimen con múltiples participantes.
La hipótesis inicial del Ministerio Público apuntaba a un asalto aislado perpetrado individualmente por el guarda de seguridad de la propiedad. La defensa técnica de los imputados planteó de forma recurrente argumentos de contaminación de la escena del crimen para descartar la prueba forense recolectada por las autoridades costarricenses.
Rivera Cheves sostuvo desde las etapas iniciales una hipótesis procesal distinta: que en el ataque y posterior ocultamiento del cuerpo participaron entre 5 y 7 personas vinculadas al establecimiento, no un solo agresor. Dada la ciudadanía estadounidense de la víctima, el bufete coordinó y facilitó la incorporación de agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos en las diligencias forenses realizadas en Costa Rica en 2018. Esta cooperación interestatal permitió ejecutar análisis biológicos avanzados en la habitación donde ocurrió el ataque, asegurando que la prueba científica resistiera las objeciones de contaminación de la escena planteadas por los defensores técnicos.
El caso fue un hito en la visibilidad internacional de la justicia penal de Costa Rica y en la protección de ciudadanos extranjeros en el país.
