Litigio en condiciones de impunidad estructural
En agosto de 2019, Yendry Loaiza Fernández, menor de 16 años, desaparece en la localidad de 28 Millas de Batán, cantón de Matina, provincia de Limón. Nueve días después, su cuerpo sin vida es desenterrado de una fosa clandestina localizada en una plantación agrícola de la zona. La región presenta condiciones de alta peligrosidad social, distancia del Gran Área Metropolitana e impunidad estructural característica de los territorios caribeños.
Apenas iniciadas las indagaciones, el Ministerio Público decretó la libertad sin medidas restrictivas de los dos principales detenidos por el homicidio (uno de ellos de apellido Soto). La indignación y el desamparo de la familia motivaron la intervención del bufete. El caso enfrentaba la posibilidad de archivo por inacción fiscal, en un contexto territorial de difícil acceso probatorio.
Rivera Cheves asumió la dirección legal del caso en carácter de querellante particular y lideró una estrategia de control e impugnación de la actividad fiscal: (1) oposición a los intentos de archivo de la causa, (2) exigencia de reconstrucción técnica de la escena del hallazgo, (3) forzar la realización de exámenes biológicos rigurosos sobre las prendas secuestradas a los sospechosos. Este esfuerzo procesal logró reencauzar la causa penal hacia la exigencia de penas de hasta 50 años de prisión, demostrando la capacidad del bufete para operar fuera del Gran Área Metropolitana en condiciones de impunidad estructural.
Litigar en condiciones de impunidad estructural fuera del GAM exige el mismo rigor técnico que en San José — y la misma firmeza ante la inacción fiscal.
