Abogado en Costa Rica

El bufete Rivera Cheves & Asociados representa a familias y a personas imputadas en los procesos penales más complejos del ordenamiento jurídico costarricense. Más de 10 años de litigación oral en sede penal — desde audiencias preliminares hasta juicios orales y públicos de alta exposición mediática.

Nuestra práctica abarca el espectro completo de los delitos contra la vida (homicidios, femicidios), delitos sexuales, delitos patrimoniales (estafas, fraudes, apropiaciones), narcotráfico y extorsión, y la criminalidad organizada. Trabajamos tanto en representación de víctimas como en defensa técnica de personas imputadas, siempre bajo el estándar constitucional de presunción de inocencia y debido proceso.

Cada caso se aborda con un equipo multidisciplinario: jurídico, criminalístico y forense. Esta combinación nos permite construir teorías del caso sólidas, identificar prueba indirecta determinante, y litigar con base científica frente a tribunales de juicio y de casación.

Asesoramos a empresas y emprendimientos en la estructuración legal de su operación en Costa Rica — desde la constitución inicial de la sociedad anónima o SRL hasta la implementación de programas de compliance corporativo escalables a partir de la Ley 9986.

Nuestra práctica cubre fusiones y adquisiciones (M&A) de cuantías medias y altas, reorganizaciones societarias, transmisión de cuotas y acciones, fideicomisos de garantía y de administración, y el registro y mantenimiento del libro de accionistas conforme a la regulación vigente de transparencia y beneficiarios finales.

El Lic. Rivera Cheves fue notario público de planta de la Corporación Grupo Q (2014-2015), abogado de planta del Banco Nacional de Costa Rica (2010-2011) y asesor legal del Colegio de Ciencias Económicas. Esta trayectoria corporativa garantiza criterio de negocio, no solo criterio jurídico.

Contratación pública. El bufete asesora a empresas, proveedores y contratistas del Estado en procedimientos de contratación administrativa: análisis de carteles y pliegos, elaboración y revisión de ofertas, recursos de objeción y de apelación, ejecución y reajuste contractual, régimen sancionatorio y gestión ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Esta línea se respalda en el Certificado de Aprovechamiento del Especializado en Contratación Pública (CICAP, Universidad de Costa Rica).

El Lic. Rivera Cheves es notario público en ejercicio con Maestría en Derecho Notarial y Registral (Universidad Latina de Costa Rica, 2010). Otorgamos escrituras públicas para todo tipo de actos — traspasos de bienes inmuebles, constitución y modificación de sociedades, testamentos, hipotecas, fideicomisos, mandatos y contratos atípicos.

Llevamos el trámite completo: desde el estudio de registro previo, redacción del proyecto, otorgamiento y autorización de la escritura, hasta su inscripción en el Registro Nacional. Coordinamos también las autenticaciones consulares cuando el cliente está fuera de Costa Rica.

Para clientes corporativos mantenemos el libro de accionistas y el libro de actas conforme a la normativa de transparencia vigente, y gestionamos los reportes de beneficiarios finales ante el Banco Central.

La casación penal es el último filtro técnico antes de que una sentencia condenatoria quede firme. Defendemos sentencias obtenidas en juicio oral frente a los recursos de casación interpuestos por la defensa de personas condenadas, así como representamos a víctimas y al Ministerio Público en sus posiciones procesales ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Nuestra estrategia recursiva busca el rechazo sistemático de las pretensiones de nulidad, defendiendo la validez de la prueba testimonial, pericial y científica admitida en debate, y demostrando que los recursos no superan los estándares formales de admisibilidad cuando ese es el caso. El Voto Nº 000374 de Sala Tercera es un ejemplo reciente del trabajo del bufete en esta sede.

La litigación recursiva requiere preparación distinta a la litigación oral — argumentación escrita densa, dominio de la jurisprudencia constitucional y casacional, y capacidad de oralizar en audiencia con tiempos muy acotados. Es una práctica especializada y el bufete la ofrece como línea propia.