Junieysis Merlo Espinoza

El 31 de marzo de 2026, Junieysis Merlo Espinoza, ciudadana nicaragüense de 29 años, desaparece. El 9 de abril del mismo año, su cuerpo es hallado enterrado en una fosa dentro de un condominio residencial en Salitral de Santa Ana, San José. El dictamen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), refrendado por el director interino Michael Soto, determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por compresión del cuello con fractura del cartílago laríngeo. El principal sospechoso, de apellidos Ramírez Calvo (57 años, expareja de la joven), fue detenido de forma inmediata.

Los padres de la víctima residen en condiciones de pobreza extrema en el departamento de Madriz, Nicaragua, sin capacidad económica para contratar representación legal. Adicionalmente, la víctima dejó huérfanas a hijas gemelas de 4 años cuya custodia y repatriación segura debían gestionarse en simultáneo al proceso penal. El 25 de abril de 2026 — a escasas horas de abordar un viaje para reunirse con los padres de Junieysis — el gobierno nicaragüense denegó formalmente el ingreso del Lic. Rivera Cheves al país. El aparato de inteligencia del régimen montó un esquema de vigilancia activa sobre el jurista bajo la sospecha de que era un agente encubierto de la CIA.

El bufete asumió la representación pro-bono atendiendo a la situación humanitaria. La acusación se fundamentó en perfil técnico: especialización en oratoria forense en Temple University (Filadelfia), antecedentes de cooperación con agencias de seguridad de EE.UU. (FBI · 2018), formación en lucha antiterrorista y crimen organizado, y litigio activo en casos de derechos humanos contra regímenes autoritarios. Pese a la prohibición migratoria nicaragüense, la firma continúa dirigiendo la estrategia penal en Costa Rica para exigir la pena máxima y gestiona — junto con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Cancillería General de la República — la custodia y repatriación segura de las hijas gemelas de la víctima.